Carta de APC sobre
Derechos en Internet

1. El derecho a comunicarse

1.1 Derecho al acceso
: Pensamos que el derecho a comunicarse es un derecho humano fundamental. Los derechos relacionados con el acceso y uso de Internet y de telecomunicaciones son de extrema importancia para que las voces de ciudadanos/as sean escuchadas. Las TIC - y ayuda para usarlas efectivamente - deben estar al alcance de todos/as.

1.2 Capacitación en el uso de las TIC: La mayoría de personas necesitan alguna capacitación para usar las TIC en la consecución de sus necesidades. El Estado y los gobiernos locales, así como las organizaciones internacionales deberán apoyar y promover el desarrollo de cursos, materiales y metodologías de capacitación gratuitas o a bajo costo para la ciudadanía en el uso de las TIC para el desarrollo social.

1.3 Inclusividad y usabilidad: Las tecnologías de información y comunicación deben ser diseñadas y desarrolladas para asegurar su acceso y un uso fácil por parte de grupos marginados, personas no totalmente alfabetizadas, minorías, y personas con discapacidades físicas, sensoriales y cognoscitivas. Las innovaciones deben promover el desarrollo de las diferentes capacidades de las personas.

1.4 Equidad entre géneros
: Las estrategias desarrolladas para garantizar el acceso deberán alcanzar la equidad entre géneros mediante el fortalecimiento del poder económico, acceso a la educación, libertad de movilidad y libertad de expresión de las mujeres. Las iniciativas y esfuerzos de acceso deben proteger y avanzar en la equidad de género.

1.5 Costos asequibles: Los gobiernos deben garantizar acceso amplio y a bajo costo a Internet para todos/as. El desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, la determinación de sus tasas y tarifas, así como los aranceles para equipamiento y software deben ser eficaces en hacer del acceso una realidad para todos los grupos económicos.

1.6 Integración con los medios de comunicación: No son necesarias leyes separadas para regular la Internet. La Internet debe ser regulada por los marcos legales y regulatorios que actualmente gobiernan a otras formas de comunicación para garantizar su compatibilidad y que ciudadanos/as y organizaciones tengan los mismo derechos en todas las formas de TIC (nuevas y viejas).

1.7 Acceso a la información pública: El gobierno a cada nivel y las organizaciones internacionales deben promover la transparencia poniendo la información que producen y manejan en el dominio público. Así mismo, deben garantizar que la información pública sea difundida de forma comprensible a través de Internet, utilizando formatos abiertos y compatibles. La información debe ser accesible desde todo tipo de computadora y conexión.

1.8 Derechos en el lugar de trabajo
: Deberá permitirse el acceso a Internet en el lugar de trabajo con propósitos organizativos, de protección de derechos y educativos.

1.9 Impacto de desarrollo
: La infraestructura de Internet deberá desarrollarse con vistas a crear sociedades más justas y a fomentar la educación, la salud, el desarrollo local, las formas participativas de gobierno y la erradicación de la pobreza. No debemos asumir que toda innovación tecnológica es beneficiosa. La ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos y las agencias reguladoras deberán evaluar los avances del Internet y de otras tecnologías de información y comunicación para impactos positivos o negativos, actuales o potenciales.

 


Derecho a Comunicarse

Argentina | Brasil | Colombia | Costa Rica | Chile | Ecuador | México
Panamá | Perú | Uruguay | Venezuela

instrumentos internacionales

Estado Actual

capacitación para el uso de Internet
inclusividad y usabilidad
equidad entre géneros

costos asequibles
integración con los medios de comunicación
acceso a la información pública
acceso en el lugar de trabajo 
impacto de desarrollo

Recomendaciones

1. Derecho de Acceso 

Los derechos relacionados con el acceso y uso de Internet son de extrema importancia para que las voces de los ciudadanos/as sean escuchadas. Un  acceso mas amplio en Internet, a la opinión de otros ciudadanos y a las fuentes de información es el primer paso de estos derechos.

Las políticas publicas deberían garantizar el acceso con programas de capacitación, uso inclusivo, no discriminatorio y a costos accesibles. Sin embargo se observan que las iniciativas y proyectos en este sentido en la región tienden a ser aislados y parciales.  

Un aspecto prioritario y virtualmente abandonado es la búsqueda de un equilibrio entre los derechos de acceso a la información pública y los derechos de intimidad y privacidad. 

En la mayoría de los casos la información pública disponibilizada en Internet —y que responde a las políticas fundadas en la "transparencia"— se refiere más a los conflictos y datos de los particulares, que sobre como los órganos públicos desempeñan sus funciones. De esta forma las responsabilidades estatales quedan veladas por una avalancha de datos y situaciones de los ciudadanos que nadas dicen sobre la función publica. Sin generar transparencia se vuelve así al mismo estado original, ahora por  "opacidad por exceso de información". 

2. Capacitación para el uso de Internet

Se han identificado algunas estrategias de capacitación promovidas desde los gobiernos y por sociedad civil, pero existe muy poca coordinación entre ellas. Parecería que los programas de capacitación a nivel escolar en América Latina son a los que se les asigna mayor impacto y expectativa, pero tienen un nivel de inversión muy por debajo de las necesidades, tanto en equipos, conexión como capacitación de los maestros. En algunos países os programas de capacitación, en la práctica, son claramente insuficientes para ciertas minorías o grupos etarios. 

El riesgo mayor es que las deficiencias en la capacitación llevan a que Internet sea considerado como una tecnología sólo útil para el chat, los juegos en línea o aplicaciones muy puntuales.

Muy pocos de los programas de capacitación existentes incluyen la dinámica de diseñar y colocar en Internet un sitio con contenidos propios (ver Brasil y Chile). No se han observado reacciones educativas frente a la creciente dificultad para el uso de los motores de búsqueda.

3. Inclusividad y usabilidad

El diseño y la oferta de sitios en Internet carece de prácticas generalizadas que aseguren su acceso y un uso fácil por parte de grupos marginados, personas no totalmente alfabetizadas, minorías, y personas con discapacidades físicas, sensoriales y cognoscitivas. La Radio en Internet parece ser un paso hacia la inclusión, es una ampliación de los límites, pero es sólo radio y no mayor accesibilidad a los contenidos de Internet.

La tendencia observada es que los grupos de personas con necesidades especiales deben buscar recursos para salvar los obstáculos y su accesibilidad no es vista como un derecho, y por tanto no se percibe la necesidad ni la obligación por parte de quienes quiere expresarse en Internet. Los derechos de las personas con necesidades especiales no están difundidos y la accesibilidad de un sitio en Internet no parece ser una prioridad  en los desarrollos de la región, (ver Uruguay).

Se estima que es necesario sensibilizar a usuarios y diseñadores con múltiples estrategias (abogacía de derechos, recomendaciones, promoción de software libre de diseño que alerte sobre grupos excluidos).

Aquí se repiten las mismas barreras ya observadas en otras  políticas de derechos humanos para las personas con discapacidad: "no son ellos quienes deben cambiar y suplir sus diferencias, por el contrario, es necesario que quienes están fuera de su entorno se adapten para permitir la integración"

Muchos sitios desarrollados en la región tienen requerimientos de hardware, software y conexión demasiado altos al compararlos con los recursos de acceso más frecuentes en la región. Algunas comunidades que utilizan sus lenguas tradicionales encuentran dificultades pues no disponen de herramientas de diseño en su propio idioma, de esta forma se requeriría cierto bilingüismo para participar (ver México).

El acceso democrático implica distinguir las necesidades de diferentes colectividades y buscar las soluciones adecuadas. Implica, en cada caso, determinar cuáles son las mejores herramientas y sus aplicaciones, incluyendo los medios de comunicación tradicionales y las iniciativas de base comunitaria, al mismo tiempo que nuevas tecnologías de la información y comunicación.

En la etapa de diseño es fundamental pensar siempre en los potenciales usuarios, hacer una prueba preliminar con un grupo de usuarios para observar la facilidad de navegación, lógica de uso y tiempos de acceso (ver Ecuador). 

4. Equidad entre géneros

Hace unos años las mujeres representaban una minoría en Internet (como usuarios y en contenidos); hoy parece haberse revertido esa situación y algunos encuestas señalan que han superado en número a los varones como usuarios.

No obstante muchos grupos de derechos reclaman más presencia femenina en Internet (ver Argentina y Colombia), sin embargo es muy probables que las barreras no estén dentro de las estructuras propias de Internet sino se trate de los mismos obstáculos que se denuncian en otros escenarios.

5. Costos asequibles 

En varios países de la región la tendencia (no las políticas) hacia costos accesible pasa por la generalización del cibercafé (ver Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela). La solución no es óptima, pues, aun cuando los costos sean muy bajos, la oferta es puramente comercial y no está vinculada a la capacitación; debería promocionarse el acceso en telecentros o bibliotecas públicas (ver Brasil). Varios programas de telecentros han mostrado ser muy exitosos, pero el acceso en bibliotecas y centros comunitarios es apenas incipiente en la región, algunas instituciones públicas  ofrecen acceso gratuito sólo en contadas ocasiones (por ejemplo es posible acceder con tiempos limitados en algunos centros comunitarios de Brasil). 

Otras alternativas suponen disponer de una computadora, inversión que no está al alcance de todos. En este caso los números telefónicos de acceso gratuito son una alternativa importante para usuarios ocasionales. La conexión gratuita tiene una oferta abrumadora en Argentina (ver, Ricardo Sametband, Proveedores gratis de Internet), y está disponible también por algunos operadores que abarcan toda América Latina (por ejemplo Tutopía). En Uruguay existe un servicio público sin usar usuario ni contraseña. 

Los costos de las conexiones permanentes y de alta velocidad han bajado en la región, pero aun están muy por encima de los valores disponibles en los países más desarrollados.

Según un informe de CEPAL (julio de 2000) "muchos gobiernos de la región han promovido el acceso a Internet, estableciendo terminales públicos y centros comunitarios. La Red Científica Peruana (RCP) instaló cerca de mil centros públicos, sirviendo a casi 40% de la red; el programa "argentina@internet.todos" cuenta con alrededor de mil telecentros para comunidades remotas y de bajos ingresos; en Barbados y Belice, hay proyectos gratis para escuelas; en Chile, el Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones desarrolla centros que beneficiarán a todas las comunas en 2006; en Colombia, todos los municipios pobres tendrán acceso gratuito a Internet; en Uruguay, el proyecto Tercer Milenio de la compañía estatal de telecomunicaciones ANTEL instala Centros Comunitarios Digitales; los bancos en Brasil empezaron a ofrecer acceso gratuito a Internet. Costa Rica es uno de los primeros países del mundo que da servicio de correo electrónico a todos sus ciudadanos, sin costo, por medio de las empresas estatales" 

6. Integración con los medios de comunicación

Muchos jueces y juristas en América Latina tienden a pensar que Internet ha quedado dentro de una laguna normativa y así se sienten incapaces de decidir conflictos o sancionar delitos informáticos (ver In re C. L., R. - Argentina). Otros reinterpretan normas y la jurisprudencia para garantizar derechos fundamentales. El proceso es demasiado lento y los jueces necesitan capacitación específica en estos temas (ver Recomendaciones de Puerto Madryn, Argentina).

El problema se agudiza por la baja calidad normativa en la región. La producción legislativa enfrenta dificultades que aun no han sido suficientemente percibidas por los legisladores: tiempos excesivos para la creación de leyes, falta de análisis de riesgo de la creación normativa, excesiva presión —lobby— de los sectores económicos y comerciales). Esto lleva a que las leyes no subsisten a los cambios sociales y tecnológicos, que son cada vez más vertiginosos. 

Un ejemplo bastante paradigmático ha sido el surgimiento de los bureaux de crédito (sistemas de información crediticia), que llevan el registro de deudores morosos. Desde el punto de vista económico se trata de un incentivo que facilta a quien es buen pagador la posibilidad de nuevas líneas de crédito. En este caso se ven claramente las deficiencias legislativas,[1] pues estas empresas —los bureaux de crédito— aprovechando un vacío legal han recopilado todo tipo de informaciones (como divorcios, familiares deudores, historias laborales, datos de salud, demandas laborales, etc.), obtenidas algunas legalmente y otras no, y han puesto en marcha prácticas discriminatorias muy cuestionables (informes directos a terceros sin notificar a la persona concernida, passagem,[2] entre otras). Aquí entraron nuevamente en el tema los tribunales, que debieron llenar el vacío decidiendo qué prácticas son legales y cuales no, pero han mostrando inconsistencias y generado incertidumbre.

Este estado de indefinición es generalmente el fundamento de las posturas que piden "leyes específicas". Si bien es posible percibir que algunos cambios legislativos son necesarios, se debería promover el concepto de legislar (leyes) sobre principios fundamentales y dejar a los a los procedimientos normativos de reforma fácil y  rápida (decretos o reglamentaciones) los procesos de adecuación. Además es fundamental la capacitación de los jueces para resolver, usando los marcos legales y regulatorios que actualmente gobiernan a otras formas de comunicación , conflictos vinculados a la tecnología, para garantizar su compatibilidad y que los ciudadanos/as y organizaciones tengan los mismo derechos en todas las formas de TIC (nuevas y viejas).

7. Acceso a la información pública

Formarse una opinión requiere tener acceso a las fuentes de información.  Expresarse y ser oído en Internet requiere cierta destreza.  Al margen de estas realidades, los esfuerzos de los gobiernos y la sociedad civil en materia de acceso a la información se ha centrado en la "información gubernamental" y las garantías legales que se han legislado deben en parte su impulso a las presiones nacionales e internacionales sobre transparencia, anti-corrupción y a las demandas de la prensa.

Países como Belice, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala,  JamaicaMéxico, Panamá, Perú, República Dominicana y Trinidad & Tobago han aprobado leyes de acceso a la información [ver textos constitucionales]. Muchos otros se encuentran debatiendo o en el proceso de debatir propuestas legislativas al respecto. Las organizaciones de la sociedad civil están trabajando por la sanción de estas leyes y el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información. Otros organismos, como las Defensorías del Pueblo (ver Panamá), están desempeñando un papel muy significativo como vínculo entre los principales actores de estos procesos.

Sin embargo, algunos países en la región continúan enfrentando la existencia de una cultura del secreto. Los gobiernos deberían adoptar e implementar procedimientos de acceso a la información como un medio para desarrollar y mantener sociedades pluralistas, transparentes y democráticas; la sociedad civil debe desempeñar un papel activo en este proceso y en el sostenimiento de la demanda de información. 

El requisito de interés legitimo está siendo utilizado como una barrera para el acceso a la información pública, si bien puede tratarse de una forma de conservar la opacidad, también debe tenerse en cuenta que algunas bases de datos públicos contienen datos personales sensibles de carácter privado.  El equilibrio entre estos derechos debería tener en cuenta fundamentalmente los riesgos de discriminación. 

La experiencia más adelantada parece ser la de México, pero restan aun muchos desafíos, ya que es aun muy limitado el acceso a la información judicial y existen dificultades en el desempeño de algunas comisiones estatales de acceso, que tienden a burocratizarse.    

limitaciones

Algunas decisiones judiciales estarían señalando que el derecho de acceso no comprende la descarga de bases de datos completas. Siguiendo R. C. M. y otros v. Consejo Nacional Electoral (ver Venezuela) y el procedimiento para el acceso a la información procesal en el sitio del Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (ver Brasil) es posible concluir que el acceso es personal (y no utilizando un procedimiento automatizado) y que las bases de datos completas serían sólo de interés público.

¿qué demora las leyes?  

Definitivamente la cultura del secreto y la corrupción. Además los gobiernos no disponen de información en forma organizada. En algunos casos se han desarrollado leyes parciales: información ambiental y lavado de dinero. Donde existen leyes no están claros los procedimientos o se demoran los reglamentos.

periodismo

Según Jairo E. Lanao, ¿Quiénes restringen a la prensa? "en sólo tres países de América Latina existen suficientes garantías y procesales para permitir acceso a la información oficial o pública". Esto afecta gravemente al periodismo de investigación, al no permitir el acceso a la fuente de información.

Los medios de prensa han reclamado en varios países poder acceder a la información gubernamental (ver Juan Ciudadano en México). Pero si bien existe mucha información gubernamental en Internet en América Latina, no siempre es posible acceder a los documentos en papel (expedientes) pues algunas leyes los consideran reservados.

Tal como afirma la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. "La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles". Pero la inexistencia de daños punitivos en la mayoría de las legislaciones y las tradiciones judiciales, hace que las indemnizaciones sean irrisorias frente a las ventajas económicas del negocio editorial (ver Romano, José Gerardo c. Editorial Perfil S.A. en Argentina).  

Habeas data

Las leyes de Habeas data son una garantía para saber que información personal esta almacenada en bases de datos. Sólo algunos países disponen de este recurso: Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá, Paraguay.

cementerios de sitios en Internet

La evolución de Internet y de sus contenidos en América Latina es descontrolada, un ejemplo es la perdida de información provocada por la desaparición de algunos sitios. Si bien los buscadores guardan esta información, está accesible en versión cache por un tiempo limitado. Si el sitio desaparece definitivamente la información se pierde, por los menos dentro de los archivos de la región. Si los gobiernos no encaran políticas para que existan respaldos con los contenidos de Internet, se corre el riesgo de perder una de las fuentes de la historia. 

8. Derechos en el lugar de trabajo

El uso de Internet en el lugar de trabajo es otro de los equilibrios que es necesario propiciar. En Argentina —por ejemplo— los jueces son persistentes en decir que el despido por usar Internet y correo electrónico en el lugar de trabajo no está justificado; llegando al exceso de casos en los que la dirección de correo de la empresa ha sido utilizada para SPAM.

Por otra parte muchas empresas e instituciones tienen filtros para algunos sitios en Internet, algunas por medio de listas explicitas (como el Poder Judicial de Mendoza, Argentina) otras por limitaciones veladas. El problema es aun mucho más complejo, aun cuando no se han detectado casos en la región sobre violaciones a la privacidad del empleado.

Muchos empleadores están seriamente preocupados por las responsabilidades que les caben por delitos o daños que puedan hacerse utilizando sus recursos informáticos, como así también por las copias no autorizadas de software.

otros aspectos vinculados con el empleo

El acceso a la información sobre puestos vacantes es aun limitado en la región. Algunas oficinas gubernamentales, agencias internacionales y empresas tienen en sus sitios en Internet ofertas de empleo.

Sin embargo los procesos de selección de personal en línea son muy poco trasparentes, nunca es posible ver la lista completa de los postulantes, ni el nombre de la persona seleccionada. 

Las evaluaciones psicológicas y de conocimientos en línea son excesivamente asimétricas y podrían prestarse a discriminación. 

Las relaciones entre uso de Internet y relación laboral son aun  motivo de discusión jurídica y existen decisiones encontradas sobre este derecho y sus limitaciones. Mientras que algunos empleadores aceptan que sus empleados utilicen sus cuentas personales o las corporativas para asuntos personales, tratan de prevenir riesgos (como por ejemplo los costos de una infección, ver Uruguay). 

9. Impacto de desarrollo

Muchas empresas han obtenido ventajas significativas al alojar sus sistemas de información en Internet. También Internet ha generado la iniciativa empresarial y así se han generado muchos negocios. Uno de los impactos negativos es que algunas empresas ven las nuevas tecnologías como una forma de disminuir el número de sus empleados.

Este y otros impactos, positivos y negativos, no están siendo monitoreados ni analizados suficientemente en América Latina, además los estudios académicos que existen tienen poco impacto sobre las políticas públicas.

Existe el peligro de que Internet se convierta en una gigantesca galería comercial en línea. Existen miles de proyectos en el mundo entero, pequeños y de importancia, que prueban que Internet puede ser utilizada, y está siendo utilizada, como poderosa herramienta para el desarrollo y la justicia social, pero sin un conocimiento empírico sobre las tendencias predominantes, las expectativas originales sobre Internet quedaran fuera de control e Internet será fagocitado por las aplicaciones comerciales y las banalidades.

Se hay encontrado varios estudios sobre usuarios de Internet, pero ninguno de ellos es sistemático y parecen ser en realidad estudios de mercadeo para sustentar las aplicaciones comerciales. Una iniciativa como el Observatório Nacional de Inclusão Digital (ONID), en Brasil, es sin duda el principio. De todas formas ninguno de estos estudios e iniciativas se han propuesto evaluar la vigencia de los derechos fundamentales en Internet. 

 
 

Recomendaciones

1. Promover con recursos adecuados programas de capacitación en las escuelas, que incluya especialmente a los maestros. El entrenamiento para la búsqueda de información y el diseño de sitios web personales, grupales y comunitarios deberían ser los contenidos prioritarios.

2. Promover los derechos de las personas con necesidades especiales de acceso a la información y al mismo tiempo utilizar todos los recursos tecnológicos disponibles a ampliar sus limites.

3. Si bien las estructuras propias de Internet no parecen ser discriminatorias son necesarias aun  políticas para asegurar igualdad de oportunidades en el acceso y la expresión en Internet. 

4. Promover el acceso gratuito y la capacitación para el uso de Internet en telecentros, bibliotecas y centros comunitarios. Promover conexión permanente a tarifas internacionales o promociónales.

5. Promover capacitación y asesoramiento a jueces y legisladores sobre la búsqueda de principios generales mas que el detalle normativo. Crear bases de datos de jurisprudencia sobre conflictos relacionados con la tecnología. Sobre la base de una identificación de necesidades que surja de los mismos conflictos y la tendencias jurisprudenciales predominantes facilitar un mecanismo actualizado de reglamentación de las leyes y los principios constitucionales.  

6. Promover leyes eficientes y democráticas sobre el acceso a la información pública en todos los poderes del Estado;

Capacitar a las organizaciones de la sociedad en la transformación de la información publica disponible en indicadores de desempeño de la función publica;

Propiciar el periodismo de investigación —con base en datos empíricos— prefiriéndolo a las noticias anecdóticas;

Mantener la información histórica de Internet.

Promover buscadores especializados, transparentes,  diseñados y administrados (o supervisados) por la sociedad civil.

Profundizar las leyes de acceso a la información y que éstas se mantengan en equilibrio con otros derechos. La accesibilidad a sistemas de información públicos y privados que contengan datos persónales (sensibles) deben facilitar la transparencia de la gestión publica sin vulnerar la intimidad.

Facilitar el acceso al derecho (leyes, otras normas y jurisprudencia) en forma gratuita y fácil para el ciudadano. Crear recursos de derecho comparado latinoamericano para ayudar a los jueces y demás operadores del derecho a incluir Internet, sus ventajas y conflictos, en los marcos legales y regulatorios que actualmente gobiernan a otras formas de comunicación 

7. Promover el derecho de acceso y uso de Internet en el lugar de trabajo y al mismo tiempo recomendar modelos de Códigos de Conducta Corporativos para el uso de Internet en el trabajo.

Aumentar la trasparencia en Internet de los procesos de selección de personal, en el sector publico y en el privado. Supervisar los procesos de evaluación en línea.

8. Evaluación permanente de los contenidos y accesibilidad en Internet y monitoreo desde el punto de vista de los  derechos

 


Instrumentos internacionales

Convención Interamericana contra la Corrupción

Mecanismo de seguimiento para la implementación de la CICC; Respuesta al cuestionario del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la CICC (Informe oficial)Primer informe de la Comisión para el Seguimiento del Cumplimiento de la CICCSegundo informe de la Comisión para el Seguimiento del Cumplimiento de la CICCRecomendaciones del Comité de Expertos de la OEA

Declaración del Foro de la Juventud

"Plan de acción de la juventud. La educación no consiste exclusivamente en impartir formación a los jóvenes; las personas de edad en las comunidades también podrían beneficiarse de las TIC. Nosotros, en nuestra calidad de jóvenes, nos comprometemos a familiarizar a nuestros abuelos con Internet, enseñándoles a enviar un mensaje electrónico a todos los participantes en el foro de la juventud"

Declaración de Berlín

Extracto de la declaración firmada por representantes de varias instituciones europeas de investigación, convocadas por la Sociedad Max Planck de Alemania, el 22 de octubre de 2003.

Prefacio. Internet ha cambiado fundamentalmente las realidades prácticas y económicas relacionadas con la distribución del conocimiento científico y el patrimonio cultural. Por primera vez en todos los tiempos, Internet nos ofrece la oportunidad de construir una representación global e interactiva del conocimiento humano, incluyendo el patrimonio cultural y la perspectiva de acceso a escala mundial. Quienes firmamos este documento, nos sentimos obligados a considerar los retos de Internet como medio funcional emergente para la distribución del conocimiento. Obviamente, estos desarrollos podrán modificar de manera significativa la naturaleza de hacer la publicación científica, lo mismo que el actual sistema de certificación de calidad.

Metas. Nuestra misión de diseminar el conocimiento será incompleta si la información no es puesta a disposición de la sociedad de manera expedita y amplia. Es necesario apoyar nuevas posibilidades de diseminación del conocimiento, no sólo a través de la manera clásica, sino también utilizando el paradigma del acceso abierto por medio de Internet. Definimos el acceso abierto como una amplia fuente de conocimiento humano y patrimonio cultural aprobada por la comunidad científica.

Definición de una contribución de acceso libre. Para establecer el acceso abierto como un procedimiento meritorio, se requiere, idealmente el compromiso activo de todos y cada uno de quienes producen conocimiento científico y mantienen el patrimonio cultural. Las contribuciones del acceso abierto incluyen los resultados de la investigación científica original, datos primarios y metadatos, materiales, fuentes, representaciones digitales de materiales gráficos y pictóricos y materiales eruditos en multimedia.

Texto completo de la versión autorizada en español: www.geotropico.org/Berlin-I-2.pdf
Texto completo en inglés: www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlin_declaration.pdf

 

 


Notas

El derecho de acceso en los textos de la Constituciones Políticas

Las constituciones de Brasil, Colombia, Haïti, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y México incluyen el derecho de acceso a la información. En la Constitución de la Nación Argentina está garantizado a través de varios tratados internacionales. Esto se debe a que el artículo 75 inciso 22 otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales que contemplan claramente el respeto a este derecho.

En Bolivia el derecho de acceso esta regulado por el Decreto Supremo Nº 27.329


Bibliografía

Programa de Apoyo a las Redes de Mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC PARM), Metodología de evaluación desde una perspectiva de género (GEM) para Internet y TIC

Manuel de Santiago Freda, Derecho de Acceso a la Información  

Fundación para el Debido Proceso Legal (varios autores), Iniciativas de la Sociedad Civil para la Transparencia en el Sector Judicial

Investigación indica que la terminología y la complejidad de los productos afectan la adopción de nuevas tecnologías en todo el mundo

José M. Cerezo & Juan M. Zafra, El impacto de Internet en la Prensa

Sitios

disc@pnet, [ Observatorio de la Infoaccesibilidad ]  [ La accesibilidad Web ]  [ La metodología del observatorio de Accesibilidad ]  [ Ventajas de la accesibilidad en un sitio Web ]  [ La accesibilidad de los portales universitarios en España ]  

Test de Accesibilidad a la Web TAW, desarrollado por el Fondo Formación Asturias para el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnica

Sitios

Red de Mujeres para el empoderamiento y cambio en la CMSI (en ingles) listado de documentos y herramientas desarrollados por la Red de Mujeres de APC a nivel mundial y regional en colaboración del NGO Gender Strategies Working Group en la CMSI


Notas

[1] Por ejemplo, luego de largos debates parlamentarios existe legislación en Argentina, Chile, México, Panamá, Paraguay, que en algunos casos ha sido vetada parcialmente para favorecer a los bureaux de crédito. En Brasil, por ejemplo, los juicios contra SERASA se cuentas de a miles, fundamentalmente cuestionando sus prácticas y la información que registran, ver http://caso.serasa.vilabol.uol.com.br/.

[2] Práctica muy común en Brasil por la que se informa el número de consultas sobre una misma persona realizadas durante un periodo determinado, situación que indicaría —que pese ha haber sido buen pagador— podría estar comprometiendo peligrosamente su capacidad de pago.