Los datos personales recolectados en los registros privados de información crediticia.
¿Es suficiente la protección que emerge de la Ley Argentina de 
Protección de Datos Personales?

por Norma O. Silvestre, Raquel A. Lubiniecki y Bárbara D. Aimo

VERSIÓN PRELIMINAR

Contenido: 1.- Introducción. 2.- Bancos de datos privados destinados a proveer informes. 3.- Calidad o requisitos que deben contener los datos recolectados en registros privados. 4.- Registros de información crediticia. 5.- Comportamiento de los registros de información crediticia en la República Argentina, a través de lo que surge de casos jurisprudenciales. 6.- Obligaciones a cargo de los registros privados de datos, según la ley Argentina de Proteción de datos personales N* 25.326. 7.- Incumplimiento por parte de los registros de información crediticia. Reflexiones finales. 	

En el presente trabajo pretendemos demostrar que en la República Argentina, la protección de los datos personales del individuo, recolectados por bancos privados de datos, y en especial en los registros privados de información crediticia, no es completa ni eficiente.

En ese camino analizaremos en lo que al tema propuesto se refiere, la ley Argentina de Protección de datos personales Nº 25326, la regulación del tema en algunos ordenamientos extranjeros, la jurisprudencia de tribunales Argentinos, proponiendo finalmente algunas ideas de modificación y/o complementación de la legislación existente en Argentina sobre registros privados de información crediticia. 

1. Introducción.

No cabe duda que la Comunicación e Información son imprescindibles en la sociedad de hoy día.
El incesante avance tecnológico ha hecho posible la creación, acceso y entrecruzamiento de enormes bancos de datos con todo tipo de información nunca antes disponible.

Cada día es mayor el caudal de datos de los habitantes de un país que se almacenan en bancos de datos estatales y privados.

Por otra parte, con el correr del tiempo, existen mayores posibilidades de acceder y cruzar datos de múltiples fuentes de almacenamiento. En virtud de este incremento en magnitud y calidad de los datos, surge la posibilidad y el peligro de que tales datos sean incorrectamente asentados, procesados o difundidos, con el correspondiente menoscabo para la intimidad o imagen de las personas.

Se presentan así casi permanentemente en pugna dos derechos, el derecho a la intimidad, que autoriza a resistirse al suministro y/o utilización de datos personales cuando aparecen abusivos los requerimientos en tal sentido, y el derecho de información, que pretende lograrlos so pena de llegar a la parálisis de ciertas actividades 

Precisamente ante esta realidad de Información que presentan las Sociedades infomatizadas por un lado, y por el otro, la necesidad de protección de la privacidad de las personas, es que el concepto pre-informático de la intimidad deviene inocuo frente a la actual evolucion tecnológica. Ha quedado obsoleto 
 Es así que puede afirmarse que el clásico derecho a la intimidad fue reemplazado por el derecho a la “autodeterminación informativa”, puesto que se ha abandonado el concepto de intimidad como libertad negativa, permitiendo avanzar hacia una fase activa del proceso de circulación de la información personal, brindando protagonismo al interesado, al permitirle ejercer un adecuado control para la preservación de su libertad informática .  
Este derecho a la “autodeterminación informativa” , tiene como objeto preservar la informacion individual - íntima y no íntima- , frente a su utilización incontrolada  

La dignidad humana es un valor que sustenta y dá justificación a los derechos personalísimos, los que a la vez son una especie de los derechos humanos fundamentales; ese valor de la dignidad deriva de la idea de la autodeterminación o autonomía. “.... Hoy la base datos es una personificación que puede entrañar la representación íntegra, llamada “virtual” de la persona. Manipular la base de datos personales es manipular casi todo lo del todo personal del hombre.

En la era de las computadoras, el derecho a la intimidad, ya no puede reducirse a excluir a los terceros de la zona de reserva, sino que se traduce en la facultad del sujeto de controlar la información personal que de él figure en los registros, archivos o bancos de datos.

Si bien un estado de derecho requiere para su adecuado funcionamiento de un conjunto de informaciones que permiten la planificación económica, sanitaria, fiscal, etc., tal necesidad requiere del establecimiento de límites que garanticen los derechos de los habitantes, configurando un equilibrio de poderes y situaciones, que se torna indispensable para una sana supervivencia de la comunidad democrática.

El poder de la informática requiere de contrapoderes para evitar que ella pueda atentar contra la vida privada, la dignidad y las libertades públicas e individuales. Este derecho a la “autoderminación informativa”, se traduce en la acción de habeas data o acción de protección de los datos personales 

“El derecho de habeas data forma parte de la vida privada, y se trata, como el honor y la propia imágen, de uno de los bienes que integran la personalidad. El señorío del hombre sobre sí se extiende a los datos sobre sus hábitos y costumbres, su sistema de valores y de creencias, su patrimonio, sus relaciones familiares económicas y sociales, respecto de todo lo cual tiene derecho a la autodeterminación informativa.

 A nivel internacional y en términos similares, el derecho a la intimidad fue expresamente consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, al disponerse que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honor o a su reputación ( arts. 12 y 17 respectivamente) ...” 

El Habeas Data “constituye la acción que garantiza el derecho que toda persona tiene a decidir por sí misma en qué medida compartirá con los demás sus sentimientos, sus pensamientos y los hechos de su vida personal 

2.  Bancos de datos privados destinados a proveer informes.

Como todo derecho de raigambre constitucional, el derecho a la autodeterminación informativa, no es ilimitado, ya que el habitante de un estado no posee una soberanía absoluta e irrestricta sobre su datos., sino que tiene que aprender a convivir con ciertas limitaciones a ese derecho.  . Ello por cuanto ya hemos dado cuenta en párrafos anteriores de la importancia y necesidad en la sociedad actual de contar con la más amplia información.

Para la prestación de bienes y servicios y, en general, para la realización de transacciones económicas es de gran utilidad contar con información adecuada sobre las partes involucradas. Lo anterior permite que los contratos se realicen con menores costos y riesgos. Por ello, tanto los proveedores de bienes y servicios como los consumidores necesitan obtener información. 

A este respecto, la legislación y regulación de las bases de datos personales debe buscar proteger la privacidad y propiciar el flujo de información en beneficio tanto de los consumidores como de las empresas prestadoras de servicios.

La regulación de los registros privados de datos, puede realizarse en las leyes generales de protección de datos personales, ó a través de leyes especiales.  Los registros o bancos privados de datos, se encuentran regulados en la ley General de Protección de datos, en Canadá, Paises Miembros de la Unión Europea, Argentina y Chile. La ley chilena regula a todos los controladores ( o responsables) de registros privados de datos.  La ley Argentina, sólo legisla sobre los registros privados de datos de información crediticia (arts 24 de la ley N* 25326)  

En Estados Unidos y Perú, no existe ley general de protección de datos personales, pero sí norma general que regula a las sociedades de información (se llama con esa denominación a las empresas que facilitan el flujo de información, similar a la expresión que utilizamos en este trabajo: registros privados de datos o bancos privados de datos). Así en Perú, existe la ley número 26.301 del año 2001, que regula el proceso de habeas data en el sector público y sólo en las sociedades de información crediticia. En Estados Unidos, diversas leyes y regulaciones sectoriales, dan al individuo el derecho de acceder y corregir su información en poder de una gran cantidad de controladores. En este país el acceso a base de datos del sector público se regula a través de la Freedom of Information Act.  El procesamiento de datos personales por parte de las agencias de reportes sobre consumidores, está regulado en la Fair Credit Reporting Act. Esta norma regula la industria privada de información sobre consumidores. El término “Información del consumidor”, además de la información crediticia, incluye la de empleo, salud, arrendamiento de vivienda, etc.

El término “agencia de reportes sobre consumidores”, incluye a toda empresa que vende datos personales o sevicios de información de los consumidores”  No existe Ley general de protección de datos, ni tampoco ley general que regule el mercado de las sociedades de información en Brasil y Colombia . Sí existen en estos países, algunas normas sectoriales en la materia.

En Brasil, hallamos la ley 8.159 que tiene disposiciones sobre el tratamiento de archivos público y privados identificados por el Estado como de interés público y social; el Código de Protección y defensa del Consumidor, que en sus arts. 43 y 44 , trae algunas reglas con relación a la información que se encuentra en registros de consumidores; y finalmente las normas que surgen de la Central de Riesgo crediticio operada por el Banco Central.

En Colombia, existe jurisprudencia de la Corte Constitucional, que regula el derecho constitucional de habeas data, respecto de información en banco de datos de entidades públicas y privadas. 

En  México  y  Panamá recientemente se han dictado  leyes especiales sobre base de datos de información crediticia.

En México, la  “Ley para regular las sociedades de Información crediticia” establece que las sociedades de información deberán constituirse conforme a las previsiones de la ley,  y requerirán tanto para constituirse como para operar como sociedades de información crediticia, de la autorización del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (art. 6). Se prevé también un amplio contralor  de estos entes públicos sobre las sociedades de información, para transferir el control societario de las mismas, o para modificar sus estatutos sociales (arts. 10 y 11). 

Es interesante destacar también que estas sociedades incluyen el servicio de calificación de créditos o de  riesgos (art. 13).

En Panamá la ley N* 24,