Ley de Protección de Datos Personales para ser Utilizados en Informes
Comerciales y Acción de Habeas Data, (2004)
Artículo 1. El
presente Título tiene por objeto regular el registro, almacenamiento,
distribución, transmisión, modificación, eliminación, duración, y en
general, el tratamiento de datos personales asentados en archivos,
registros, bases de datos, u otros medios similares autorizados, sean éstos
públicos o privados, destinados a brindar informes objetivos de carácter
comercial.
Se entenderá que el tratamiento regulado
involucra toda forma de registro, almacenamiento, distribución, transmisión,
modificación, eliminación, duración y toda otra forma del mismo o similar
alcance.
También se aplicarán sus disposiciones,
en cuanto resulten pertinentes, a los datos sobre personas jurídicas.
Artículo 2. Se
exceptúan de esta ley, el tratamiento de datos que no sean de carácter
comercial como por ejemplo: a) datos de carácter personal que se originen
en el ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar, así
como los relativos a encuestas, estudios de mercado o semejantes, los que se
regularán por las leyes especiales que les conciernan y que al efecto se
dicten; y b) datos sensibles sobre la privacidad de las personas, entendiéndose
por éstos, aquellos datos referentes al origen racial y étnico de las
personas, así como sus preferencias políticas, convicciones religiosas,
filosóficas o morales, afiliación sindical o información referente a su
salud física o a su sexualidad y toda otra zona reservada a la libertad
individual.
Para la obtención y tratamiento de datos
que no sean de carácter comercial se requerirá expresa y previa
conformidad de los titulares, luego de informados del fin y alcance del
registro en cuestión.
Código
de la Niñez y la Adolescencia, (2004)
Artículo 11. (Derecho a la privacidad de la vida).- Todo niño y adolescente tiene derecho a que se respete la privacidad de su vida. Tiene derecho a que no se utilice su imagen en forma lesiva, ni se publique ninguna información que lo perjudique y pueda dar lugar a la individualización de su persona.
CAPÍTULO XVIII
REGISTRO DE INFORMACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
Artículo 218. (Sistema
de datos). El Instituto Nacional del Menor deberá desarrollar el
Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia, que deberá
incluir datos sobre el niño o adolescente a su cargo y las instituciones
que lo atienden.
Artículo 219. (Seguimiento).
El Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia deberá
generar datos que permitan un adecuado seguimiento de la atención del niño
o adolescente y de la evolución de la misma, así como generar la información
necesaria para la formulación de las políticas de niñez y adolescencia.
Artículo 220. (Colaboración).
1) Los distintos Poderes y reparticiones del
Estado, instituciones privadas y organismos no gubernamentales, deberán
aportar los datos e información pertinentes al Sistema Nacional de
Información sobre Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de la autonomía y
competencia específica de cada institución pública o privada.
2) La Suprema Corte de Justicia, a través
de sus órganos competentes, desarrollará un sistema de información
sobre niños y adolescentes atendido tanto por la judicatura de
adolescentes como de familia.
Los datos manejados por este Sistema
Judicial de Información tendrán igual régimen y tratamiento que el
establecido por los artículos 221 y 222 de este Código.
Artículo 221. (Reserva).
El Instituto Nacional del Menor será el custodio de la información
contenida en el Sistema Nacional de Información sobre Niñez y
Adolescencia, por lo que se deberá garantizar el uso reservado y
confidencial de los datos correspondientes a cada niño o adolescente, en
concordancia con su interés superior y en cumplimiento del derecho a la
privacidad de su historia personal, como único propietario de la misma.
Artículo 222. (Limitaciones).
La información relativa a niños y adolescentes no podrá ser utilizada
como base de datos para el rastreo de los mismos, una vez alcanzada la mayoría
de edad.
Los antecedentes judiciales y
administrativos de los niños o adolescentes que hayan estado en conflicto
con la ley se deberán destruir en forma inmediata al cumplir los dieciocho
años o al cese de la medida.
Ley
de Comunicaciones e Informaciones (1989)
Artículo 21. (Otras
penalidades).- El responsable legal de un medio de comunicación que no
diere cumplimiento a las obligaciones previstas en los artículos 4º,
5º y 9º de la presente ley, será castigado con
una pena de multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 100 UR (cien
unidades reajustables) (artículos 38
y 39 de la ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968), sin perjuicio
de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.
Con la misma pena serán castigados los que
publicaren o difundieren actuaciones, documentos o sentencias relativos a
casos de filiación ilegítima, impugnación o contestación del estado
civil, de adulterio y otras causales de divorcio, o de procesos relacionados
con delitos contra el pudor o la decencia, particularmente los reprimidos
por el Título X del Libro II del Código
Penal, sin perjuicio que el Juez considere que se haya incurrido en
alguno de los delitos previstos por los artículos 301
a 304 del mencionado Código.
No constituye delito definido en el
presente artículo las publicaciones de índole científica despojadas de
toda referencia concreta que permita individualizar a las personas
comprometidas en las causas, actuaciones o documentos difundidos.
Código
del Proceso Penal, (1997)
Artículo 100.1.
Toda persona acerca de cuya calidad de imputado o condenado en proceso penal
se haya informado por un medio de comunicación, tiene el derecho a que se
publique gratuitamente, en nota de similares características, acerca de su
sobreseimiento, absolución o de la clausura del proceso, cualquiera fuera
la razón de la misma.
Artículo 125. (Publicidad).
Las audiencias que se celebren una vez concluida la actividad probatoria
preliminar serán públicas, salvo que el Tribunal decida lo contrario por
alguno de los siguientes motivos: 1º) Por consideraciones de moral, orden público
o seguridad. 2º) Cuando mediaren razones especiales para preservar la
privacidad de las personas intervinientes. 3º) Cuando, por circunstancias
especiales del caso, la publicidad pudiere perjudicar a los intereses de la
justicia o comprometer un secreto protegido por la ley.
Código
General del Proceso, (1995)
Artículo 7. Publicidad
del proceso. Todo proceso será de conocimiento público, salvo que
expresamente la ley disponga lo contrario o el tribunal así lo decida por
razones de seguridad, de moral o en protección de la personalidad de alguna
de las partes.
No serán de conocimiento público los
procesos en que se traten las situaciones previstas en los artículos 148,
187,
y 285
del Código Civil y en el artículo 1º
de la Ley Nº 10.674, de 20 de noviembre de 1945, modificado por el
artículo 1º de la Ley Nº 12.486, de 26 de diciembre de 1957 y
por el artículo 1º
del Decreto-Ley Nº 14.759, de 5 de enero de 1978. No obstante el
tribunal podrá decidir la publicidad del proceso siempre que las partes
consintieren en ello.
(este último parrafo agregado por Ley
Nº 16.699, art. 8)
Artículo 106. Consulta
de los expedientes.- Los expedientes judiciales o las actuaciones de los
mismos permanecerán en las oficinas para el examen de las partes y de todos
los que tuvieran interés en la exhibición.
Si el secretario o actuario negare la exhibición, podrá reclamarse
verbalmente ante el tribunal, el que decidirá en definitiva, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 7°.
Artículo 108. Archivo
de expedientes.- Concluido un expediente o cuando las circunstancias lo
aconsejen, se dispondrá su archivo.
En esa condición podrá ser consultado libremente, pero no retirado sino de
mandato judicial para ser agregado a otros autos o para otra finalidad legítima
y con calidad de oportuna devolución.
Decreto
sobre la historia clínica electrónica única de cada persona
Artículo
1.
Declárase de interés público el establecimiento de la historia clínica
electrónica única de cada persona, desde el registro perinatal hasta el
fallecimiento.
A
los efectos de este Decreto, se entiende por historia clínica electrónica
el conjunto de datos clínicos, sociales y financieros referidos a la salud de
una persona, procesados a través de medios informáticos o telemáticos.
Artículo
5.
A efectos de dotar de seguridad a las historias clínicas electrónicas, será
de responsabilidad de cada institución de asistencia médica, pública o
privada, particular o colectiva, determinar las formas y procedimientos de
administración y custodia de las claves de acceso y demás técnicas que se
usen.
Corte
Electoral
Consulta
por Credencial - "Consulta Partidos" o "Verifica
Credencial"
Ingresando la serie y el número de la
'credencial' (documento para votar, distinto del documento de identidad) el
sistema devuelve los nombres y apellidos.
Este sitio no tiene protección contra consultas automáticas
masivas.
Suprema Corte de Justicia
Abogados
y Escribanos suspendidos
Precedentes jurisprudenciales
[7 de febrero de 1997] N. N. c.
Estado. , Juzgado Contencioso Administrativo, 1er turno. Daño
moral por discriminación de un funcionario afectado de HIV-SIDA. No hubo
difusión de los resultados del examen, pero tampoco parece que el Estado
empleador hubiere cumplido con la obligación de seguridad. Se fija el daño
moral en U$S 14.000. [1 Lex (1997) 17-27]
[19 de junio de 1998] A. V. P.
c. Ministerio de Educación y Cultura y Comité Olímpico Uruguayo.
Tribunal de Apelaciones Civil 5to. turno, La doctrina del Tribunal expresa
que la información periodística relativa a temas de dopaje,
individualizando los autores, contribuye a la erradicación de esa práctica
nociva, a la vez que mantiene informada a la opinión pública sobre un
asunto de evidente interés, como es la conducta de sus deportistas y las
razones por las cuales no han sido llamados a integrar una delegación de la
República. [118 La Justicia Uruguaya, nro 13.590]
[23 de junio de 1998] M. B. R.
G. c. ABN AMRO Bank, amparo. Tribunal de Apelaciones
Civil 2do. turno, La Sala resuelve desestimar el amparo, aunque admite que
la comunicación pudo ser parcialmente errónea pero descarta toda mala fe y
la categoría "ilegitimidad manifiesta" (requisito esencial para
el amparo, cf. art.
1, Ley 16.011). Discorde (Sassón): "entiendo que la comunicación
al Clearing de Informes fue
manifiestamente ilegitima, no porque no pudiera realizarla si entendía que
su cliente era morosa, sino porque los datos aportados eran inexactos, ya
que en junio de 1997 la actora no adeudaba nada, pues había abonado las
cuotas correspondientes a esa fecha varios meses antes". [118 La
Justicia Uruguaya, nro 13.591]
[24 de diciembre de 1998] M. M.
P. C., conocimiento fraudulento de secretos (cf.
art.300, Código Penal) Tribunal de Apelaciones Penal, 2do. turno. La
existencia de Internet ha llevado a la idea de que la información es más
"abierta" y que cualquiera que tenga el equipo adecuado, puede
entrar en la base de datos de cualquier otra persona o institución ... se
requiere la voluntad expresa de poner esta información en el mercado de
conocimiento. El "password" o contraseña es, precisamente
la clave del secreto que autoriza a obtener la información sólo a los que
la conocen. Y en general se les hace conocer a las personas autorizadas.[119
La Justicia Uruguaya, nro 13657]
[13 de marzo de 1999] H. V. P.,
difamación, Tribunal de Apelaciones Penal, 2do. turno, "Cuando se
verifica una colisión de derechos … entre la libertad de expresión y de
información y el derecho al honor y a la intimidad, debe estarse a una
ponderación de intereses. … la injerencia en el honor ajeno encuentra su
justificación en la causa del interés publico, en el del interés general
…" [120 La Justicia Uruguaya, nro 13.724]