Ley
de Imprenta (1917)
Artículo 1.
Constituyen ataques a la vida privada:
I. Toda manifestación o expresión
maliciosa hecha verbalmente o por señales en presencia de una o más
personas, o por medio de manuscrito, o de la imprenta, del dibujo,
litografía, fotografía o de cualquier otra manera que expuesta o
circulando en público, o transmitida por correo, telégrafo, teléfono,
radiotelegrafía o por mensajes, o de cualquier otro modo, exponga a una
persona al odio, desprecio o ridículo, o pueda causarle demérito o en su
reputación o en sus intereses;
II. Toda manifestación o expresión
maliciosa hecha en los términos y por cualquiera de los medios indicados en
la fracción anterior, contra la memoria de un difunto con el propósito o
intención de lastimar el honor o la pública estimación de los herederos o
descendientes de aquél, que aún vivieren;
III. Todo informe, reportazgo o relación
de las audiencias de los jurados o tribunales, en asuntos civiles o penales,
cuando refieran hechos falsos o se alteren los verdaderos con el propósito
de causar daño a alguna persona, o se hagan, con el mismo objeto,
apreciaciones que no estén ameritadas racionalmente por los hechos, siendo
éstos verdaderos;
IV. Cuando con una publicación prohibida
expresamente por la Ley, se compromete la dignidad o estimación de una
persona, exponiéndola al odio, desprecio o ridículo, o a sufrir daños o
en su reputación o en sus intereses, ya sean personales o pecuniarios.
Artículo 9.
Queda prohibido:
I. Publicar los escritos o actas de
acusación en un proceso criminal antes de que se dé cuenta con aquellos o
éstas en audiencia pública;
II. Publicar en cualquier tiempo sin
consentimiento de todos los interesados, los escritos, actas de acusación y
demás piezas de los procesos que se sigan por los delitos de adulterio,
atentados al pudor, estupro, violación y ataques a la vida privada;
III. Publicar sin consentimiento de todos
los interesados las demandas, contestaciones y demás piezas de autos en los
juicios de divorcio, reclamación de paternidad, maternidad o nulidad de
matrimonio, o diligencia de reconocimiento de hijos y en los juicios que en
esta materia puedan suscitarse;
IV. Publicar lo que pase en diligencias o
actos que deban ser secretos por mandato de la ley o por disposición
judicial;
V. Iniciar o levantar públicamente
subscripciones o ayudas pecuniarias para pagar las multas que se impongan
por infracciones penales;
VI. Publicar los nombres de las personas
que formen un jurado, el sentido en que aquéllas hayan dado su voto y las
discusiones privadas que tuvieren para formular su veredicto;
VII. Publicar los nombres de los soldados o
gendarmes que intervengan en las ejecuciones capitales;
VIII. Publicar los nombres de los Jefes u
Oficiales del Ejército o de la Armada y Cuerpos Auxiliares de Policía
Rural, a quienes se encomiende una comisión secreta del servicio;
IX. Publicar los nombres de las víctimas
de atentados al pudor, estupro o violación;
X. Censurar a un miembro de un jurado
popular por su voto en el ejercicio de sus funciones;
XI. Publicar planos, informes o documentos
secretos de la Secretaría de Guerra y los acuerdos de ésta relativos a
movilización de tropas, envíos de pertrechos de guerra y demás
operaciones militares, así como los documentos, acuerdos o instrucciones de
la Secretaría de Estado, entre tanto no se publiquen en el Periódico
Oficial de la Federación o en Boletines especiales de las mismas
Secretarías;
XII. Publicar las palabras o expresiones
injuriosas u ofensivas que se viertan en los Juzgados o Tribunales, o en las
sesiones de los cuerpos públicos colegiados.
Ley
Federal de Protección al Consumidor
que contempla la posibilidad de
que los proveedores y consumidores puedan celebrar transacciones a través de
medios electrónicos.
Artículo 76 bis. Las disposiciones del
presente Capítulo aplican a las relaciones entre proveedores y consumidores
en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos,
ópticos o de cualquier otra tecnología. En la celebración de dichas
transacciones se cumplirá con lo siguiente:
I. El proveedor utilizará la información proporcionada
por el consumidor en forma confidencial, por lo que no podrá difundirla o
transmitirla a otros proveedores ajenos a la transacción, salvo
autorización expresa del propio consumidor o por requerimiento de autoridad
competente;
II. El proveedor utilizará alguno de los elementos
técnicos disponibles para brindar seguridad y confidencialidad a la
información proporcionada por el consumidor e informará a éste,
previamente a la celebración de la transacción, de las características
generales de dichos elementos;
Ley
de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo 13. La Comisión Nacional deberá guardar estricta reserva sobre la información y documentos que conozca con motivo de su objeto, relacionada con los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones llevadas a cabo por las Instituciones Financieras. Solamente en el caso de que dicha información o documentos sean solicitados por la autoridad judicial, en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte, la Comisión Nacional estará legalmente facultada para proporcionarlos.
Artículo 14. Los servidores públicos de la Comisión Nacional serán responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación de la reserva o secreto a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 15. La Comisión Nacional y sus servidores públicos, según sea el caso, estarán obligados a reparar los daños y perjuicios que se causen en caso de revelación del secreto bancario, fiduciario o bursátil, en términos de la legislación aplicable.
Ley
para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo 22. La Sociedad deberá adoptar las medidas de seguridad y control que resulten necesarias para evitar el manejo indebido de la información.
Para efectos de esta ley, se entenderá por uso o manejo indebido de la información cualquier acto u omisión que cause daño en su patrimonio, al sujeto del que se posea información, así como cualquier acción que se traduzca en un beneficio patrimonial a favor de los funcionarios y empleados de la Sociedad o de esta última, siempre y cuando no se derive de la realización propia de su objeto.
Artículo 28. Las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente, mediante su firma autógrafa, en donde conste de manera fehaciente que tiene pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información que la Sociedad proporcionará al Usuario que así la solicite, del uso que dicho Usuario hará de tal información y del hecho de que éste podrá realizar consultas periódicas de su historial crediticio, durante el tiempo que mantenga relación jurídica con el Cliente.
Anteproyecto
de Lineamientos de Protección de Datos Personales
sitio
del IFAI que incluye la posibilidad de enviar comentarios sobre el proyecto.
Iniciativa
de Ley Mexicana de Protección de Datos Personales,
del
senador Antonio García
Torres
Iniciativa
de Ley Mexicana de
Protección de Datos Personales,
del
diputado Miguel Barbosa
Huerta
Poder
Judicial del Estado de Nayarit
El
sistema de acceso al estado procesal de las causas judiciales ha
establecido un adecuado equilibrio entre el derecho de acceso y la protección
de la intimidad. En la publicación del Boletín Judicial (lista
diaria de movimientos de los expedientes) se refieren los casos por el
numero de expediente y no por el nombre de las partes (como es común en
los demás Estados). La información publicada es suficiente para la
finalidad perseguida y no vulnera la intimidad de las personas
involucradas. Se trasparente la labor judicial y no los conflictos
privados pendientes de solución judicial. Se respeta además la presunción
de inocencia. Ver ejemplo.
Según
Antonio
Aveleyra
"
... principalmente tres casos han acaparado la atención de los medios por
lo que se refiere a los derechos de privacidad. El primero, la persecución
de las compañías que, violando el principio de consentimiento de los
titulares de los datos, hicieron uso de varias bases de datos tales como
el padrón electoral mexicano, el registro federal de vehículos, las
licencias de conducir, etc., para venderlos a las compañías
norteamericanas Choicepoint
y otras" ver Substracción
de datos del Padrón Electoral mexicano y la empresa Choice Point.
(ver más información en EPIC)
Ley de Seguridad Nacional, 14 de
diciembre de 2004
Artículo 33.
En
los casos de amenaza inminente a los que se refiere el artículo 5 de esta
Ley, el Gobierno Mexicano podrá hacer uso de los recursos que legalmente se
encuentren a su alcance, incluyendo la información anónima.
Artículo 34. De
conformidad con lo dispuesto por el párrafo noveno del artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Centro deberá
solicitar en los términos y supuestos previstos por la presente Ley,
autorización judicial para efectuar intervenciones de comunicaciones privadas
en materia de Seguridad Nacional.
Se entiende por intervención de
comunicaciones la toma, escucha, monitoreo, grabación o registro, que hace
una instancia autorizada, de comunicaciones privadas de cualquier tipo y por
cualquier medio, aparato o tecnología.
Artículo 35.- La
solicitud a que se refiere el artículo anterior sólo procederá cuando se
esté en uno de los supuestos que se contemplan en el artículo 5 de la
presente Ley. En ningún otro caso podrá autorizarse al Centro la
intervención de comunicaciones privadas.
El Poder Judicial de la Federación, de
acuerdo con su ley orgánica, determinará los juzgados que deban conocer de
las solicitudes que en materia de Seguridad Nacional se presenten para
intervenir comunicaciones privadas.
Artículo 36.- Los
procedimientos judiciales que se instauren para autorizar las solicitudes de
intervención en materia de Seguridad Nacional no tendrán naturaleza
contenciosa y sus constancias procesales carecerán de valor probatorio en
procedimientos judiciales o administrativos.
Cuando el Centro coopere en las actividades
de procuración de justicia, las intervenciones de comunicaciones privadas en
las que se preste auxilio técnico tendrán naturaleza distinta a las
reguladas por este Capítulo y se ajustarán a los requisitos y formalidades
que establezca el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada.